Los más preocupante del planteamiento del Partido Socialista es la más absoluta falta de autocrítica con los errores del pasado, y por lo que el electorado le da la espalda cada vez de forma más preocupante, puesto que no hay ni un solo atisbo de rectificación en la política económica que ha resultado disolvente en casi toda Europa, cual es la de darle a la manivela de la deuda para que sean nuestros hijos y nuestros nietos los que paguen nuestras fiesta de falso progreso.

El Partido Socialista no puede seguir aferrado al gasto público como pivote de la política económica, porque supondría quebrar al Estado dos veces en una sola década. España tiene un nivel de deuda pública que empieza a ser preocupante, aunque determinados economistas y políticos la consideren normal. Con el aparato productivo que tiene España, los umbrales actuales son ya preocupantes, y la deuda pública es la variable que más hay que cuidar, y eso solo se consigue controlando el gasto público, puesto que el armamento de los impuestos se ha convertido en munición de destrucción masiva para la confianza, el consumo y la inversión.

Si el señor Rubalcaba y su equipo económico han pensado un poco en lo que han propuesto el pasado fin de semana, deberían saber que tal receta supone la vuelta al mismo plan de Zapatero en 2008 y 2009, con un Plan E que lustró las aceras y parques de media España para mantener artificalmente unos cuantos miles de empleos de quienes habían abandonado el tajo de la construcción residencial. El Plan E elevó notablemente la deuda, generó una ilusa imagen de resistencia a la crisis, retrasó la solución a los problemas reales del país, y encareció la factura, hasta llevar a España cerca del rescate por parte de los socios europeos.

El Plan R del PSOE postZapatero es parecido, pero mucho más grave, aunque también inofensivo. Parecido por la cuantía; grave porque España está en una situación problemática y demuestra que la oposición tiene pocas cosas en la cabeza para sacar al país de donde está; e inofensivo, porque desde la oposición se puede predicar cuanto se quiera, porque no se pondrá en marcha, e inofensivo proque la Unión Europea impediría semejante calamidad aunque el propio Gobierno comprase, que no comprará, la ocurrencia a Rubalcaba. Qué curioso, que esto surja tres años justos después de que Zapatero descubrierá en qué mundo vivía y empezara a atajar la riada de gasto público.

El Plan de Rubalcaba, con 30.000 millones para pagar las hipotecas a una parte de la gente que las tiene contratadas y no puede atender sus obligaciones y para sostener empleos artificialmente (en Alemania no fue como él dice, es otra cosa), supone elevar tres puntos la deuda, y tres puntos el déficit, aunque no sean en un solo año. En definitiva, quiere llevar el déficit otra vez al 10% del PIB, y adquirir deuda por 30.000 millones, como si estuviéramos en 2006 y los mercados creyeran en nosotros.

Pero lo realmente peligroso es de dónde quiere sacarlos, a sabiendas de que el mercado, aunque ha mejorado las ratios financieras y la consideración de España, no nos prestaría ese dinero. Quiere sacarlo del paquete de 100.000 millones que España tiene para su rescate financiero, y del que solo ha utilizado 40.000 millones. Lo que quiere Rubalcaba es pedir el rescate total de España solo por 30.000 millones. El rescate bancario, no fue gratis: el memorando de entendimiento fue una cosa muy seria, que entre otras cosas está reteniendo la concesión de crédito. Imagínese como setría el MoU de un rescate total, por tan poco dinero y para algo tan simple como seguir retrasando la solución del problema.

El Estado no está ya para rescatar a nadie, no queda otro remedio que el rescate de la actividad desde la economía privada, y el Estado debe dedicarse exclusivamente a pequeños alivios, con el permiso de nuestros fiadores políticos (Unión Europea) y financieros (el mercado).

La decisión de Rajoy no ha sido voluntaria, desde luego. Pero se ha dejado llevar por la oleada de la Unión Europea de enfriar la tentación de la austeridad ante el riesgo de que políticamente el proyecto del euro y la construcción europea se vaya de la manos. Yo soy de los que cree que la frase de Durao Barroso acerca del peligro de mantener la austeridad, porque "aunque nosotros creamos en su virtud, los ciudadanos no, y no se puede mantener a toda consta" es más importante que la que Draghi dedicó al futuro en euro en verano de 2012 y se ha calado en los mercados de que habrá euro para siempre.

Ahora habrá Europa con políticas más laxas en el control del déficit, aunque está por ver que determinados países hayan hecho lo que tenían que hacer para tener la credibilidad mínima entre los financiadores. España ha hecho su parte, pero no creo que la haya hecho toda. Y desde luego Italia no lo ha hecho, y Francia, qué decir: no ha hecho absolutamente nada, y es la auténtica bomba de relojería fiscal del proyecto euro.

Europa ha permitido a Rajoy, y el presidente lo ha abrazado gustoso, relajar el control de las cuentas públicas, de tal guisa que este año solo tendrá que reducir el desequilibrio fiscal de todas las administraciones públicas siete décimas, y ocho adicionales en 2014. Pan comido, salvo que la economía se deteriore mucho más de lo mucho que ya prevé el propio Gobierno. Con las subidas de impuestos de 2012, las de septiembre, tiene garantizado este año la reducción del déficit, y en 2014 bastará con que un crecimiento magro del 0,6% del PIB genere el avance suficiente de las bases imponibles para proporcionar las cuentas que ha diseñado Montoro.

Pero servidor niega que el Gobierno haya hecho todo lo que tenía que hacer para que el tamaño del Estado y sus hijos bastardos (las comunidades) tengan el tamaño correcto para no entorpecer la actividad económica. El ajuste estructural en las comunidades se frenará en seco, por la peregrina convicción de sus dirigentes de que ya han hecho mucho, cuando deberían duplicar el esfuerzo para poner la dimensión de su gasto público en lago financiable y en algo util a sus representados.

Con el nivel de gasto público de ahora, porque poco más se va a reducir, la presión del gasto sobre los contribuyentes seguirá siendo alta, como demuestra que sin nuevos recortes el Gobierno se ve obligado a mantener la subida del IRPF en 2014, así como la del IBI para la mitad de la población. Y ahora bien vendría, o al menos en 2014, tras un 2013 de rigor, una flexibilización de la presión fiscal, posible por la reducción de gasto practicada, para estimular la economía y para enviar la señal de que los ajustes han terminado porque empiezan a dar verdaderos frutos y de forma sostenida.

Así, nos parecerá que tenemos la economía en estado de revista para el crecimiento, cuando no lo está. Si sigue habiendo exceso de funcionariois, bien estaría reducirlos, como reducir sus remuneraciones, haciendo estructural la pérdida de una extraordinaria, tal como ya ocurrió en 2012. Ya se ha hecho el esfuerzo en reducir y acoplar servicios, reduzcamos ahora funcionarios y elevemos su productividad.

Rajoy ha entrado en la trampa de la Unión Europea. La presión de la gente para que deje de ajustar es lógica; pero si él insiste en que tiene la razón, y pide paciencia, y que el desempleo solo se soluciona solucionando primero la financiación de la economía, y esta solo es posible llevando el déficit público cerca de cero, por qué no practica tal política. Es preferible otro año de rigor, que tres de medio pelo; porque uno más de rigor deja la economía niquelada, y tres de medio pelo, no la dejan, ... ni medio niquelada. 

La visita del secretario del Tesoro norteamericano, Jack Lew, esta semana a Europa está sirviendo para avivar este viejo debate, que se inició tras la falta de respuesta en la crisis a las recetas de toda la vida. Lew llega al viejo continente con la sonrisa de una zona monetaria que ha mantenido un activismo poco común y que supuestamente ha vencido a la crisis, cuando seguramente solo la ha anestasiado, para que aflore manifestada de otra forma en el futuro.

Pero su visita coincide con el redoble de tambor del Banco central de Japón en su política de sostenimiento de la economía nipona a base de estímulos monetarios y fiscales, si, fiscales también, y que refuerza la declarada política del nuevo Gobierno nipón de bajarle la temperatura al yen para vender en el exterior. Y unos con otros, han desatado en Europa la vieja tentación de los países del sur, y de una parte de los del norte, que creen que la economía debe estimularse más con gasto público.

Y hasta el propio Rajoy, que ha comulgado siempre con el rigor fiscal y monetario, se ha apuntado al circo pidiendo más poderes para el BCE, para que riegue con sus euros las economías más debilitadas, en el malentendido de que tal operación no es gasto público. Qué ingenuidad. Multiplicar varias veces el balance del banco central también es gasto público, aunque no se apunte como deuda de los estados.

Tiene un efecto achampañado sobre la economía cuando se aplica, como en Estados Unidos, pero no resuelve los problemas de fondo (sobreendeudamiento en nuestro caso), y está jugando a la lotería segura de un rebrote de la inflación en el futuro que será un ingenio artificial para reducir la deuda, pero a cambio de reducir el valor de los activos financieros, el ahorro también, de la gente.

Pero tal campaña en Europa no tendrá efecto. Alemania no permitirá tal cosa, y aplicará ortodoxia doctrinal para frenar tales iniciativas. Nunca en Alemania se permitirá, y tampoco en el euro mientras la posición del sur sea tan débil como es ahora, un declarado activador de inflación, porque se le considera el enemigo público número uno, el arma de destrucción económica masiva por antonomasia.

Por tanto, en la refundación del euro iniciada por Alemania no entra comprarle un helicóptero a Draghi. Bastante ha hecho ya con sus inyecciones de liquidez a la banca, con sus pequeños escarceos de expansión cuantitativa luego esterilizadas y con sus promesas de recomprar deuda si algún país lo reclama. Pero no habrá helicóptero, señor Rajoy.

Yo comprendo que se le agote la paciencia hasta al mismísimo santo Job con las políticas de austeridad sin éxito en la actividad, y como donde esperábamos que habría brotes verdes, no hay nada, y toda esperanza de crecimiento se deja ya para 2014, y crear empleo para 2015, y bajar la tasa de paro del 20%,...para 2020. Pero no habrá helicóptero.

Un simple ejercicio de transposición de las cifras aplicado a España, para que la gente entienda la magnitud del sacrificio exigido a Chipre, supondría que el Estado español tendría que poner sobre la mesa de un día para otro 340.000 millones de euros, y posteriormente repagar en plazos, como un rescate tradicional, otros 570.000 millones de euros. Y todo ello para salvar al sistema financiero más desproporcionado de Europa, que esa es la característica cuantitativa más sobresaliente el sistema bancario chipriota.

Chipre recauda por impuestos directos e indirectos cada año 4.720 millones de euros, a los que hay que añadirle los 1.566 millones en cotizaciones sociales. Dado que la Unión Europea le está pidiendo una aportación inmediata de 5.800 millones para capitalizar la banca (además de los 10.000 millones que aportaría la Unión), el gobierno de Chipre tendría que destinar toda la recaudación fiscal de este año a pagar el rescate, y dejar sin atender todos los servicios públicos.

O podría optar por duplicar todos los impuestos y esperar un año a cobrarlos para poder poner su parte del rescate. Cualquiera de las dos soluciones es imposible de todo punto, y por eso han sacado de la manga (o ellos o los alemanes o todos a la vez) que se haga una quita a los depósitos de la banca, saltándose el compromiso europeo de respetar siempre los cien mil primeros euros por cada ahorrador y cuenta.

Dado que es imposible de toda imposibilidad que los chipriotas abonen lo que se está planteando con impuestos, lo lógico es que sea la Unión Europea quien pague el rescate, y que Chipre lo devuelve, como España, Irlanda, Portugal o Grecia, lentamente, aunque seguramente la hipoteca sería de tal magnitud temporal que no podría tampoco afrontarla.

Y desde luego la Unión Europea debe lograr que los rusos que han utilizado la isla y su sistema bancario para lavar dinero en los doce últimos años (desde que existe el euro, más seguro que el propio rublo y menos expuesto a vaivenes devaluativos) pague una parte importante del desaguisado bancario. Los rusos, no Rusia, que ha visto como centenares de sus ciudadanos eludían al fisco ruso. No hay muchas formas de pillarlos, salvo la que pretende aplicar el Gobierno de Nicosia: poner una quita a los depósitos elevados, y poner un cepo para que paguen al abandonbar el banco o el país.

Lo que más llama la atención es que nadie hasta ahora hubiera visto lo que estaba pasando en el sistema financiero de Chipre, que es nueve veces su PIB, y que todo el mundo sabía que tenía mayoritariamente el dinero invertido en bonos griegos devaluados, y que, por ello, estaba descapitalizado.

En la primavera de 2011, cuando nos envolvía la calma que precedía a la tormenta, la tasa de caída del número de cotizantes a la Seguridad Sociaol, sin duda el mejor medidor de empleo oficial que existe en España (amén del que pueda existir sumergido), se acercaba lentamente hacia el cero, hacia lo que podía interpretarse como la estabilización de la economía.

En mayo de 2011 la tasa de pérdida de ocupación medida por el registro de la Tesorería de la Seguridad Social era del 0,96%, tras un lentísimo descenso iniciado un año antes. Pero entonces, con un deterioro explícito de la actividad en toda Europa primero, y con el reconocimiento de una crisis más profunda en los países del sur que se negaban al rigor fiscal, se inició una destrucción de empleo muy acelerada. Se ha mantenido el índice de destrucción de empleo acumulando deterioro mes a mes durante nada menos que veinte meses, hasta alcanzar caídas de empleo del 4,59%, y superior al 6% entre los asalariados.

Pero en febrero de este año, con la evolución de afiliados-cotizantes-empleados a la Seguridad Social, la tasa de destrucción se ha limitado al 4,42%. Una barbaridad, desde luego, pero un par de décimas menos que un mes antes, y haciendo lo que puede ser el punto de inflexión hacia la estabilización de la economía. En enero la caída internaual era del 4,59%.

El camino para la estabilización es muy largo y muy lento, aunque en términos de empleo podría acelerarse, ya que en el último año la ocupación ha descendido a tasas anormalmente altas para el descenso del PIB que tenía España. Hay que recordar que según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el empleo habría descendido en 2012 casi un 5%, mientras que el PIB solo lo habría hecho en una tasa del 1,4%, según datos ya definitivos proporcionados por el INE.

Los residuos de excesos de empleo pueden encontrarse fundamentalmente en las empresas públicas municipales y autonómicas, así como en determinados servicios de la administración general de las administraciones públicas, así como en sectores en los que la caída de la demanda no haya concluido. Hay que recordar que la demanda interna sigue cayendo a tasas elevadas, porque lo hace también la renta disponible de los hogares.

En el régimen general, el que agrupa a todos los trabajadores por cuenta propia, la caída interanual es aún superior el 5%, pero ya muy poco superior, mientras que entre los autónomos la pérdida de afiliados es aún del 1,58%. La pérdida de cotizantes en febrero ha sido de 28.691, como la mitad que en el mismo mes del año pasado; pero la afiliación se sitúa ya en niveles solo muy ligeramente superiores a los 16 millones de cotizantes, una cifra crítica, teniendo en cuenta que el número de pensiones se acerca los 8,2 millones.

Con estas cifras la tasa de dependencia (número de cotizantes por cada pensión) desciende a 2,3%, contabilizando como cotizantes, que lo son pero con cargo al Estado, los desempleados con prestación, que son nada menos que 2,9 millones. Sin estos cotizantes, que necesariamente causarán baja una vez agotada su prestación contributiva (24 meses a lo sumo), la tasa de dependencia descienda a 1,96, una cifra realmente preocupante.

Gráficamente, cuando la Seguridad Social tenía, mucho antes de la crisis, en 2002, 16,1 millones de cotizantes empleados, sólo tenía 7,2 millones de pensionistas. Luego hoy el mismo número de cotizantes tiene que soportar un millón más de pensionistas, un 14,2% más de pasivos para los mismso activos. Urgente: una nueva reforma de la Seguridad Social que haga sostenible financieramente el sistema de pensiones.

El presidente del Gobierno ha mantenido durante el primer año de gestión la iniciativa política, y ha llegado a apreciar los síntomas de una recuperación, aunque solo financiera, de la economía española. Pero desde la Navidad ha perdido tal iniciativa por la irrupción del 'caso Bárcenas', que tras aflorar la evasión de capitales a Suiza ha derivado en el 'caso sobresueldos en el PP', que supuestamente implicaría no solo a quien pagaba (supuestamente Bárcenas), sino a quien cobraba y a quien permitía estos comportamientos (supuestamente toda la cúpula del PP de los últimos años, incluido el propio Mariano Rajoy).

Rajoy es partidario de que la justicia llegue hasta el final, a sabiendas de que el fional está tan lejos que el asunto se irá amortizando solo. Pero en este caso el riesgo de prolongarlo en el tiempo es mayor que el beneficio, porque el desgaste electoral del PP es muy elevado, sobre todo teniendo en cuenta que la política económica que practica el Gobierno es muy exigente con la ciudadanía y muy dolorosa para infinidad de colectivos a los que se les han subido los impuestos, recortado los derechos sociales, y no ven que este rosario tenga fin.

Por ello, la presión política externa, la mediática y la social, han desatado también la presión interna en el PP para dar una solución más pronta que dilatada al asunto. Para recuperar la iniciativa política, el presidente presentará en el debate sobre el estado de la nación un paquete de medidas contra la corrupoción (algunas insinuadas en la comunicación que registró el sábado en el Congreso), más allá de lo que ya recoge la ley de transparencia y las modificaciones en la normativa que regula los contratos del Estado y las administraciones públicas.

Pretende someter las finanzas de los partidos a la intervención general del estado, y con ellas las de todas las instituciones que reciban subvenciones de carácter público (sindicatos, patronales,etc.); pretende también modificaciones en la ley electoral, que precisan del consenso de la gran mayoría del congreso, de tal forma que al menos una parte de las listas sean abiertas para que la ciudadanía tenga más peso en la determinación de los grupos políticos parlamentarios y menos los aparatos de los partidos. Además, ofrecerá a los partidos de la oposición buscar un consenso para determinar las mejores fórmulas de financiación de los partidos.

Todas estas y otras muchas deberían ser complementadas con las aportaciones del resto de partidos, que, independientemente de que mantengan su presión al Gobierno, al PP y a Rajoy por la supuesta financiación ilegal en Génova, deberían echar el resto para llegar a un modelo que estirpe a futuro toda sombra de duda sobre la financiación de los partidos políticos.

Pero el presidente Rajoy parece que quiere dar una solución interna en el PP, donde deberían estar ya disponibles las auditorías de las cuentas, al menos la interna, y en la composición del Gobierno, en el que la presencia de Ana Mato en Sanidad es insostenible. La historia está en dónde se sitúa la línea de víctimas en el PP, puesto que, de ser ciertos los pagos publicados a sus dirigentes con supuesto dinero 'b', la citada línea tendrá que hacer vertiginosos zigzags para esquivar al propio Rajoy.

Dícese que la crisis de Gobierno será la misma tarde que termine el debate del estado de la nación, el mismo día 21, para que en el Consejo del día 22 el Gobierno esté renovado. Y por dónde pasará la raya en el Gobierno? Mato está 'muerta' políticamente, y la crisis apunta a Montoro, con una impecable gestión en materia de control del gasto y de los desvarios financieros de las comunidades autónomas, pero muy tocado por la anmistía fiscal, en la que se han colado varios delincuentes financieros, pese a que era entendible el propósito de Hacienda de aflorar bases imposibles, como otras Haciendas lo han hecho en el pasado mismamente en España. Háblase también de José Ignacio Wert por el enfrentamiento continuo con las comunidades por la reforma educativa, y hasta de la ministra de Trabajo, por los resultados de la reforma laboral.

Desde luego que de ser así, algo que me resisto a creer en el caso de Montoro y Báñez, supondría admitir que se ha hecho mal lo que era la parte más importante del programa económico del PP, cual es la reforma del mercado de trabajo y el control de las finanzas públicas. Una enmienda a la totalidad del programa Rajoy. Me cuesta creerlo.

Pero tras una larga negociación, y con una huelga sobre la mesa en un sector en el que los conflictos hacen bastante poco daño a la clientela, aunque sí a la marca, la dirección de la compañía ha cedido y ha incrementado todavía mucho más por encima del límite legal las indemnizaciones para la plantilla que abandone la empresa, y ofrecerá una opción complementaria a quien opte voluntariamente por ella.

En concreto, Bankia ha pactado con sus trabajadores (los pactos, cierto es, están por encima del Estatuto de los Trabajadores) indemnizaciones de entre 30 y 25 días por año y con una acumulación de entre 22 y 16 días por año, en función de si la baja es voluntaria o si es forzosa. Además, ofrecerá jubilaciones voluntarias a partir de los 54 años con una indemnización del 60% del total de la retribución bruta de los últimos cinco años, con un tode de hasta 350.000 euros. Viva la paz social.

Este banco fruto de la fusión de siete entidades cercanas a la inviabilidad, es plenamente público, ya que los accionistas que conservan acciones cotizadas tienen una participación muy minoritaria en el capital. Por tanto, los accionistas reales son los contribuyentes, representados por el Estado, que a su vez ha colocado a un equipo gestor liderado por José Ignacio Goirigolzarri. Y los contribuyentes-accionistas no tienen porqué pagar por encima de lo que exige la ley por ajustar la plantilla de Bankia a algo razonable con su nuevo balance.

Los contribuyentes-accionistas ya han soportado en su piel la escalada de la prima de riesgo cuando el mercado conoció que una entidad sistémica como Bankia era poco viable, y ya han anotado en su debe una parte importante de la inyección de dinero europeo para capitalizar la entidad, que ahora deberán devolver lentamente, esperando que Bankia pueda retornar a sus contribyentes-accionistas la ayuda financiera en el futuro.

A fin de cuentas quienes gestionan Bankia son delegados del Gobierno y del Banco de España. No puede ser que quien tanto ha pedido una rebaja de las indemnizaciones por despido a lo largo de todos años, y quien lo ha aprobado con una ley en el Parlamento, ahora sean quienes no honren su palabras con los actos de Bankia.

Este segundo escalón recesivo de la economía española está teniendo un desempeño en materia de empleo muy similar al de 2009. Ahora se acumulan ya casi seis trimestres completos en los que la tasa de destrucción de empleo supera con holgura el 2%, y en enero ha registrado el mayor descenso desde 2009, con el citado 4,59%. Aunque es cierto que en términos desestacionalizados el ajuste de enero es más moderado que en el ejercicio pasado (una destrucción de 47.371 empleos, frente a los 263.243 que revela la afiliación nominal), todo apunta a que no se ha tocado, ni mucho menos, fondo.

La devastación del mercado laboral se nota especialmente entre los asalariados, con una pérdida de un 6,25% interanual en el régimen general, que más que duplica el de hace un año, y que solo fue superado en enero de 2009, con un descenso del 6,36%. Entre los autónomos el descenso ha sido mucho más moderado, de solo el 1,15%.

Las actividades en las que se concentrará el ajuste en los próximos meses seguirán siendo aquellas en las que se ha concentrado en el último año, como las actividades sanitarias (un 12% menos que hace un año), la administración pública (un descenso del 5,66%), el comercio, que ha perdido 80.000 personas en un año, y la construcción, con caída de más del 19% en un año, tras cinco años de crisis.

Las administración pública tiene el ajuste bastante apurado ya en la sanidad y la educación, y los descensos deberían concentrarse en las empresas públicas municipales y autonómicas. Y en las actividades privadas de mercado, seguirá siendo el comercio uno de los sectores más contractivos, porque la demanda interna sigue declinente, y seguirá así mientras la renta disponible de la gente no tenga garantías de recuperación, que, por otra parte, solo se producirá cuando lo haga el empleo.

Otro indicador que apunta a que no se ha agotado la destrucción es la generación de empresas, reflejada en el registro de altas del sistema. Persiste la caída, con la única excepción de empresas de más de 500 trabajadores. Todos los demás tramos de empresas, desde las individuales a las de tamaño mediano, siguen reduciendo su número de cotizantes. Sin que esta variable se recomponga, no lo hará el empleo, y aún no ha tocado fondo, a juzgar por la evolución reciente.

Esta evolución tan pesimista del empleo tiene su correlato en la situación de la Seguridad Social y en el gasto público por desempleo, además de contraer los ingresos fiscales. En los cinco años de la crisis la Seguridad Social ha perdido algo más de tres millones de cotizantes, y las cuentas del sistema de pensiones están en déficit. Si no hay una vuelta al crecimiento del empleo en breve, la reforma de la Seguridad Social no podrá esperar, y deberá acelerar el retraso de la jubilación, así como un cambio radical en las condiciones de acceso a las prestaciones de retiro, así como de sus cuantías de retorno.

Esa es la gran reforma social que falta a Rajoy, y no puede retrasarla más.

Pero este año esta elasticidad, considerada normal pese a que 2009 es el año de mayor destrucción de puestos de trabajo de la historia de España, ha destrozado todos los cánones clásicos, pues ha multiplicado por 3,6 veces la pérdida de PIB. Cuáles son las causas aparentes de esta anomalía macroeconómica.

No son fáciles de identificar, pero algunas pistas tenemos. En primer lugar, hay autores que consideran que el PIB español está ahora sobreestimado, como estaba infraestimado cuando la economía crecía a valores superiores al 4%, en los primeros años del siglo. De hecho, en esos años se produjo una actualización del PIB que supuso un salto cuantitativo de la producción nacional de cuatro puntos, nada menos que 40.000 millones de euros.

Esa sobresestimación del PIB, no cuantificada pero que podría estar en el entorno de casi un punto cada año, desvirtúa todo el cálculo que se haga sobre la productividad en España. Dando por buenos los cálculos que hace Estadística en la EPA y los expertos en contabilidad del Banco de España sobre el crecimiento económico, en 2012 la productividad aparente del factor trabajo se habría incrementado en 3,5 puntos, dado que con 850.000 trabajadores menos habríamos producido una cantidad prácticamente igual al año anterior, solo un 1,3% inferior.

Desde luego el cálculo de la productividad aparente puede ser diferente este año, dado que se ha incorporado al ajuste del empleo un sector público demasiado inflado en sus plantillas, puesto que hasta el último tramo de 2011 siguió engordándolas, cuando la producción del país se estaba ya contrayendo. De hecho, la salida de ocupados del sector públcio ha sido muy superior en términos relativos a la del sector privado, ya que el descenso de ocupados es de 6,98%, frente al 4,3% del sector privado.

El ajuste del sector público se ha producido fundamentalmente en el personal no funcionario de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y en actividades no de mercado (educación, sanidad, etc.), en las que el cómputo de la productividad real es muy complicado, y donde valorar la pérdida de calidad y cantidad producida es muy voluntariosa. En todo caso, en algunas comunidades autónomas las bajas han sido susituidas por un incremento de la jornada del personal funcionario, sin detrimento de cantidad y calidad producida.

Pero desde luego la reforma laboral ha tenido una participación muy importante en el comportamiento del empleo en 2012. Los cambios en los mecanismos de ajuste de las emplresas, utilizados de forma masiva este año pasado, han permitido a las empresas ajustar sus plantillas hasta límites de estrés en muchos casos. La imposibilidad de hacerlo antes por coste provocaba que las empresas en muchas actividades mantuvieran plantillas hinchadas, y la de hacerlo ahora ha provocado que en muchos casos se hayan excedido en el ajuste, forzando una productividad hasta los límites.

En todo caso, las empresas han considerado que colocan sus niveles de empleo en los estándares que pemite la demanda de sus bienes y servicios producidos, y es lógico que cuando la demanda dé la vuelta, recompongan sus efectivos más rápidamente, dado que el proceso de devaluación interna de costes parece imparable. Con otras palabras, la elasticidad de PIB y empleo ha cambiado con la reforma tanto en etapas contractivas como en expansivas, y cabe esperar que con un crecimiento del PIB del 1% se generará empleo, y seguramente al principio del ciclo, una vez sacudidas las expectativas negativas de las empresas, con más intensidad.

El presidente del Gobierno no se precipita nunca en sus decisiones: esto no es una valoración política, sino un hecho cierto, que es bueno para unas cosas y malo para otras. La decisión sobre la petición de rescate financiero para el Estado español se la está tomando con especial tranquilidad, sobre todo después de haber conseguido, con su presión y la de otros, que el BCE estableciese un mecanismo de ayuda a los países con problemas para financiar su deuda soberana. "Tomaré una decisión cuando lo estime oportuno y eso será cuando tenga la certeza de que la petición beneficia a los intereses generales de los españoles". Y de ahí no lo sacan.

Si hasta ahora no ha dado el paso es porque no hay certeza plena de que la prima de riesgo de España vaya a bajar hasta esa zona soportable de los 200 puntos básicos de los que habla todo el mundo. El Banco Central Europeo, por otra parte, ha aclarado que no garantiza nada, que no asegura que bajará la prima en esa cuantía y por un tiempo prolongado. Así las cosas, tiene sentido esperar y ver.

Esperar y ver, porque el precio a pagar por la ayuda del BCE y el Fondo de Rescate, por el simple hecho de pedirla, puede ser muy elevado. Aunque hay fuentes que indican que pocas cosas más pueden solicitar ya a España por el rescate, tras las realizadas ya con el rescate bancario, a nadie se le escapa que la reforma de la administración pública sería drástica, con recorte en el número de funcionarios muy importante, y que la refroma de la Seguridad Social hecha por Zapatero sería una cosa de aficionados para la que tendría que acometer Rajoy. Para empezar, la jubilación a los 67 años comenzaría ya, y la actualización sistemática de las pensiones pasaría a mejor vida.

Es decir, que las reformas económicas adicionales que exigirían los acreedores tendrían un coste político indudable. Por ello Rajoy lo piensa y lo repiensa. Sólo si el rédito económico fuese mayor que el político, se decidiría Rajoy. Y ahí está con la balanza en la mano cada día. Su decisión tiene que ser más económica que política, y cuando antes la tome, mejor, puesto que si se logra domeñar el coste elevado de la financiación de la economía, la recuperación llegaría en un tiempo prudencial, y lograría conjurar los temores del castigo poítico.

Los españoles no están para cálculos políticos. Tienen un lastre económico brutal en la recesión continua y la alta tasa de desempleo, y ese debe ser el único norte que debe tenerse en cuenta.

Pero los cálculos políticos están en más mentes y actos que en los de Rajoy. El Partido Socialista juega a la política con el rescate de manera abiertamente tan intencionada como el Partido Popular. De hecho, hace un corte temporal muy llamativo, cuando afirma que si el rescate se pidiese hoy, Rajoy podría justificarlo en la herencia recibida, mientras que si lo hiciese en 2013, sería imputable a su gestión, y nada sería achacable a la gestión de los socialistas. Cada cual se consuela con lo que quiere. Señor Rubalcaba: caundo se quiebra el Estado, que fue una de las cosas que hizo el PSOE, se hace para varios años, y a la gente le cuesta lustros olvidarlo.

El PSOE ha encabezado la idea de que no se debe pedir el rescate, al menos el secretario general del partido. Pero está lentamente cambiando de opinión, o al menos eso es lo que dicen sus votantes. Curiosas respuestas de los encuestados por Metroscopia para El País el pasado fin de semana. Veamos. Solo el 32% de los encuestados creen que se debe padir ya el rescate, pero entre los votantes del PSOE esa opinión llerga al 42% (27% en el PP).

Eso sí, cuando se pregunta si la petición será positiva o negativa para la economía, sólo la consideran positiva el 40%, pero muchos menos entre los votantes socialistas que entre los populares. El 52% de los consultados con voto socialista cree que será negativo para España. En definitiva: que lo pida, puesto que será malo... y ya tendremos un arma para golpear al Gobierno. La condenada política...

Insisto: criterio económico, y solo económico. La reforma de las pensiones no debe hacerse porque lo digan los alemanes, sino proque si no la hacemos, el sistema puede acercarse a la insolvencia. ¿O tenemos que sacar la conclusión de que si no pedimos el rescate, quebrará la Seguridad Social?

Otra cosa: parece que quien bloquea ahora la petición de España es Alemania, y no se puede pedir un rescate si no se tiene la certeza de que te la aprobarán todos tus socios. Alemania prefiere que sea a partir de octubre, pasadas las elecciones alemanas. Rajoy debe pensar que, maldita sea, esperar para no dañar a Merkel, y dañarse a si mismo. La condenada política ...

En el norte de Europa temen a Silvio Berliusconi porque exhibe un aparente europeismo que esconde el más activo de los populismos del Viejo Continente. Pero tratar de frenarlo si tiene el respaldo de su población es todo menos democráticamente correcto; de hecho, sería un ejercicio de imposición inadmisible, y que en condiciones normales debería poner en guardia a los italianos, tras haberse tragado ya una vez la designación de un primer ministro a dedo por Europa.

La crisis abierta en la Unión Europea en 2011 se resolvió de hecho con la suspensión de las decisiones de la democracia en Italia y en Grecia, con la imposición de gobiernos designados en ambos casos, aunque fuere de forma temporal. Italia tiene políticamente mala fama, con episodios de ingobernabilidad aparente, que se expresa en duraciones efímeras de sus gabinetes, pero que está compensada por la fortaleza de sus instituciones. Pero Europa no puede abusar de un mecanismo que se ha extralimitado en exceso, dando la razón a los críticos del sistema que han pregonado reitaradamente en los últimos años el secuestro de la democracia y de la política en favor de los intereses de la economía y de los mercados financieros.

Italia ha hecho avances importantes en materia de reformas con Mario Monti, competente ex comisario de Competencia y hombre centrado y eficaz. Pero que Italia no tenía sus problemas resueltos era una evidencia, puesto que tenía que pasar las hazañas de Mario Monti por el filtro de las urnas algún día. Pero el centro derecha y centro izquierda no han sido capaces de convencer a Monti de que él es la alternativa a si mismo para ganrantizar la gobernabilidad y las reformas en Italia.

La izquierda ha encontrado un candidato y las encuestas le afianzan como el mejor posicionado; pero esta circunstancia ha despertado el ánimo del viejo patrón de la derecha populista, Silvio Berlusconi, que volverá a la palestra electoral, ninguneando a sus propios hombres de paja en la derecha italiana. Monti se ha asustado y anuncia que se va, cuando lo que tenía que hacer es aceptar el órdago para lograr el aval electoral a sus reformas, esas que han bajado la prima de riesgo hasta cerca de los 300 puntos básicos.

Si los italianos están convencidos como los europeos no italianos de la necesidad de Monti, sin duda le votarán y pondrán en los libros de historia a Berlusconi. Ojalá sea así, pero no podemos pretender, si no fuere así, que es imposible que Italia entre en la senda de la racionalidad económica.

España en este asunto no es un mero sujeto paciente, pues su financiación parece ligada a la italiana, porque los mercados lo han decidido así. Ya en la década de los noventa España decidió separarse de Italia y plantear su ingreso en la Unión Monetaria en fecha hiciese lo que hiciese Italia, que finalmente fue arrastrada por la voluntad de España. Ahora tiene que hacer otro tanto: intensificar las reformas, estabilizar la economía y lograr enviar señalas inequívocas de que la deuda española es financiable y su Tesoro fiable. Solo así habrá recuperación de la confianza y del crecimiento.

Los dictados de Bruselas para la banca española intervenida y nacionalizada tienen su aquél. Genéricamente porque primero estimularon la conversión de las cajas en bancos cotizados, y ahora quieren que vuelvan al cascaron geográfico y de negocio de antaño, del que a juzgar por Bruselas, nunca debieron salir, porque no estaban preparadas para ello. La responsabilidad de este duro correctivo a sus políticas bancarias es exclusivamente de los gestores de las cajas, mezclados con los políticos regionales y locales que les estimularon a una gestión alocada y arriesgada. El mercado termina premiando las actitudes correctas, de riesgo medido, y castigando las extremadas, las poco calculadas.

Pero lo cierto es que ahora, con el catecismo dictado desde Bruselas y expuesto por el comisario de Competencia, el señor Almunia, el mercado queda fracturado, aunque seguramente mejor dimensionado que hasta ahora, con entidades maniatadas y entidades libres para actuar. La guerra para captar financiación y conceder crédito tendrá claros ganadores y perdedores de antemano.

Las cajas nacionalizadas y las que en los próximas semanas puedan terminar recibiendo ayuda pública procedente de la Unión Europea, y hablamos de un balance bancario de cerca de 600.000 millones de euros, estarán con las dos manos atadas a la espalda, mientras que sus competidores privados tendrán las dos manos libres. En los próximos años habrá un evidente trasvase de cuotas de mercado tanto en depósitos como en créditos de las entidades con limitaciones legales a las que carecen de ellas. Es la ley del mercado, de la competencia, en este caso no del todo libre.

Personalmente creo que si se supervisa bien, las entidades nacionalizadas pueden tener más libertad, porque da la sensación de que ahora la propia Comisión Europea impone condiciones que pueden contravenir el espíritu comunitario del mercado único, la libre localización, la libertad de empresa y la competencia leal. Pero esto es lo que hay, a cambio de 40.000 millones de euros: cierre de oficinas, despido de trabajadores, reducción brutal del balance, venta de participaciones industriales, limitación geográfica de la actividad comercial, financiación exclusivamente minorista desde los depósitos, no utilizar el carácter público para captar pasivo y activo, y huir del riesgo fatal de los promotores.

Además, en los cinco años que durará el plan de reestructuración de las entidades, que algunas reducirán por su cuenta en el calendario, los equipos de gestión no harán otra cosa que guardar con celolas recomendaciones bruselenses y gastar energías en el ajuste, mientras la competencia echará el resto en captar el ahorro nacional y conceder préstamos, empujando a la jibarización tanto del pasivo como del activo de la banca dañada.

Esto ya ha ocurrido en los dos últimos años, y más en el último. Pero se intensificará: unos van con las dos manos atadas a la espalda, y otros con las dos manos libres y mucho armamento comercial, además de aprovechar el miedo no del todo desterrado de ahorradores e inversores.

La Seguridad Social ya admite que este año, como el pasado, cerrará con déficit, y de una cuantía superior a la de 2011. La máquina del empleo se ha parado hace tiempo, las bases de cotización medias se han estancado, y el recurso a las cotizaciones de los desempleados contributivos es siempre engañoso, porque los recursos debe ponerlos el propio sistema de Seguridad Social. Las pensiones, por contra, siguen creciendo en número y siguen creciendo en cuantias, tanto la individual como la agregada. Atender las necesidades financieras del sistema es, como dice la norma, de obligado cumplimiento.

La Seguridad Social siempre tiene un decalage doble en sus cuentas entre el devengo y la caja. Paga las pensiones el primero de cada mes, y cobra las cotizaciones de empresas y trabajadores al mes siguiente y a mes vencido. Es decir, el dinero sale de la caja antes de generar el devengo el pensionista (los asalariados cobran siempre a mes vencido), mientras que las cuotas entran en la caja con un mes completo de retraso sobre su generación.

Hay más: los empresarios y los trabajadores cotizan doce veces al año, por los doce meses naturales que tiene el ejercicio, mientras que los pensionistas cobran, además de los doce meses, una paga extraordinaria en verano y otra en Navidad. Doce meses de ingresos, catorce de pagos.

En el desenvolvimiento normal de la Tesorería, un mes de cotizaciones bien gestionado sirve para abonar las pensiones de un mes, y los pequeños excedentes que se acumulan se utilizan para abonar las dos extraordinarias citadas. Pero cuando el desenvolvimiento de las finanzas del sistema de pensiones no es normal, como es el caso por la pérdida de cotizantes y el insaciable crecimiento de pensionistas y pensiones, hay desajustes, y no necesariamente las cotizaciones proporcionan recursos suficientes como para abonar las pensiones.

Ya en verano se produjeron tensiones de liquidez, agravadas también por los aplazamientos recurrentes de muchas empresas que no disponen de capacidad de pago puntualmente. Y ahora podrían repetirse de no ser por la utilización de una partida de más de 4.000 millones de euros del fondo de las mutuas e incluso por la posibilidad de disponer de un pequeño porcentaje de recursos del fondo de reserva, para cuya disposición ya ha pedido autorización el Gobierno.

Con estas estamos, que no nos llega la camisa al cuerpo, y el presidente del Gobierno insiste en que pagará a todos los pensionistas toda la desviación que se produzca en el IPC por encima del 1%, que ya se abonó en enero como revalorización inicial de las pensiones. Si la inflación queda en noviembre, en tasa anual, en el 3,5%, la Seguridad Social tendrá que rascarse otros 2.500 millones de euros de una sola vez a pagar antes de abril, y que tendrá que pagar una segunda vez periodificado en 14 pagas como consolidación de pensión a lo largo de 2013. Vaya, 5.000 millones de euros, nada menos que 0,5 puntos de PIB. ¿De dónde saldrán?. ¿A dónde llevarán el déficit fiscal de este año?

Las cosas de Europa van más despacio que las de Palacio. Tomar decisiones en una mesa a la que se sientan diecisiete dirigentes políticos no es nada fácil, y los pronunciamientos realmente decisivos se toman siempre un minuto antes de la catástrofe. Eso sí, se toman. Como dice un avezado diplomático europeista, nunca lo vamos a arreglar, pero nunca lo fastidiaremos del todo. Por tanto, paciencia.

A los españoles les preocupa el cacareado rescate o socorro financiero de España. A unos porque lo temen, otros porque quieren usarlo contra el Gobierno, y los realmente sensatos porque entienden que sin él la economía española no podrá financiarse a precio asequible. Pero el presidente del Gobierno, al que nunca pillarán por precipitación, sigue resistiéndose porque nadie le garantiza lo que él quiere: una prima de riesgo en torno a 200 puntos, que, por otra parte, es el umbral que el FMI asegura justificado por los fundamentales de la economía española. Pero, tiempo al tiempo.

Es bien sabido que Alemania ha estado parando los vértigos rescatistas surgidos de España y de otros socios europeos, porque Alemania precisa consenso político nacional para dar ese paso, aunque la cantidad que se destine en auxilio de España sea más bien limitada, y corra por cuenta de la troqueladora del BCE. En todo caso, el propio Draghi, presidente del BCE, ha tenbido que presentarse en el Parlamento alemán y explicar la operativa de compra de deuda que ha aprobado el consejo de la entidad, y que él jura y perjura que se trata solo de una herramienta monetaria, cuando todos sabemos que es fiscal, o algo a medio camino en el peor de los casos.

Alemania sigue bloqueando las decisiones porque tiene encima un proceso electoral que, como todos los gobiernos en cada país, quieren ganar ahora los democristianos de la señora Angela Merkel. El rigorismo germano exigido a toda Europa da prestigio a Merkel y sus ministros, y quiere aprovecharlo. ¿Quiere eso decir que tendremos que esperar a que pasen las elecciones alemanas?. No necesariamente, pero los comicios de otoño en Berlín condicionan muchas cosas.

La más evidente es el tercer rescate a Grecia, que debe pasar necesariamente por una quita adicional de deuda, sea de principal o de interesas, al Gobierno heleno, en la que participen necesariamente las instituciones públicas europeas, ya sean sus socios o el propio Banco Central Europeo. A reducir principal, o rebajar tipos, a alargar plazos, o regalar los bonos que tiene el BCE a Atenas, o regalarle los intereses que su propio Tesoro abona al BCE como tenedor de deuda. La presión del FMI choca con la resistencia alemana, que no quiere hacerlo proque es invendible entre sus electores tal cosa tras haber hecho dos rescates y una quita que se han mostrado inútiles para solventar los problemas griegos.

Y en cuanto a los rescates adicionales de España e Italia, los quiere de una vez sola. Considera que si España para por la ventanilla y su financiación se alivia, los especuladores que disparan contra el euro, cruzarán el Rubicón, ese riachuelo que pasa cerca de Rímini, al sur de los Alpes, y dirigirán sus operaciones contra Italia, con una deuda del 130% del PIB, y ese problema será auténtica caza mayor. Y tal cosa puede surgir tras las elecciones italianas de marzo, en las que no está claro si seguirá Monti o dejará paso a los políticos pusilánimes de antes.

Por tanto, quiere Alemania evitar que se reabra la crisis europea tras las elecciones italianas, y en plena precampaña germana. Quiere por ello hacer las dos operaciones en una antes de los comicios italianos para dar tiempo a relajar la situación. Y es posible incluso que todo quede para después de las elecciones alemanas.

Todo camina despacio, y la economía española no puede esperar mucho tiempo. Las reformas pueden quedar en agua de borrajas si no hay financiación. Y si la hay para el Tesoro, aunque cara, no la hay, ni cara, para la banca, las empresas y los particulares.

En su segundo año al frente del Gobierno el paro llegará a los seis millones de personas, porque aunque es cierto que comienza a remitir la destrucción de puestos de trabajo en el sector privado de la economía, no ha comcluido en el público. Se calcula que si se han destruido 240.000 empleos públicos, faltan otros tantos por ajustar, fundamentalmente en las comunidades autónomas, siempre administraciones resistentes a la toma de decisiones que no supongan aumento del gasto.

Los números de la economía no son nada buenos un año después de la victoria de Rajoy. Pero no es escasa la labor de limpieza de balances que ha comenzado en el sector público, con medidas de recorte de gasto y aumento de impuestos, para poner bajo control el déficit públcio. Tras tres ejercicios por encima del 9%, este año podría estar en torno al 7%, que no es lo comprometido con Bruselas, pero supone una señal a los mercdados de que es posible reducir el déficit en España. Pero en los próximos años la reducción tiene que ser aún de mayor calado, porque no se puede permitir a esta economía acumular cada año casi cien mil millones de euros de deuda pública, porque se convierte en infinanciable, y por ende, el Estado en insolvente y el país, inviable.

Las medidas de ajuste fiscal aplicadas, con sometimiento expreso de las políticas económicas de las comunidades autónomas, casi todas ellas en manos del socorro de Madrid, dará plenos resultados en 2013, pues serán de aplicación todo el año natural. El gasto en educación, en sanidad y en personal tendrá un efecto significativo sobre las cuentas públicas de 2013. Pero para llegar a una reducción del déficit hasta los umbrales del 4,5%, que es lo exigido por Bruselas, deberá contar el Gobierno con una evolución económica menos negativa de la que prevén los organismos internacionales, que dibujan una contracción económica del 1,5% al menos.

En paralelo camina la reforma bancaria (con una tasa de mora que se acerca al 11%, muy superior ya a la que en la crisis de los noventa alcanzó el sistema financiero), que ha precisado del rescate por parte de Europa, con una línea de crédito de unos 100.000 millones de euros, que solo serán utilizados en una cantidad inferior a los 40.000 millones. Se pone hoy mismo en marcha el banco malo que agrupará todos los activos inmobiliarios averiados de la banca, y se reactivan las subastas de dos de los cuatro bancos nacionalizados con la crisis. Este proceso administrativo y político es lento, entre otras cosas porque España no dispone de los recursos para financiarlo, y solo llegarán en la primera semana de diciembre. Por tanto, tener la banca en condiciones de dar crédito es un proceso de larga maduración, puesto que antes las empresas y los hogares han de desapalancarse.

Y en paralelo el Gobierno apuesta a que las reformas que ha puesto en marcha den su resultado, especialmente la laboral, en la que abarató los costes laborales vía despidos y vía flexibilidad de la negociación colectiva. Aún no hay resultados, más allá de la facilidad para que las empresas aceleren en ajuste, que se ha intensificado en los últimos meses. Seis millones de parados y un escalón bajista en los salarios es el primer resultado, pero determinados colectivos comienzan ya a aceptar empleos con los nuevos paradigmas de los costes laborales.

Y todo pendiente de si el señor Rajoy pide socorro financiero a la Unión Europea. Se escuda en que tiene que conocer primero si será bueno para los intereses generales de los españoles. No se tome mucho más tiempo, que la financiación del Estado, la banca, las empresas y los particulares está tan cara que nadie la toma, y sin ella no volverá el crecimiento.

Faltan muchas más cosas, señor Rajoy. Qué hay de la reforma de las administraciones públicas, qué hay que la reforma energética, etc. Todas empujan más que la sola modificación del mercado de trabajo. Tiene usted otro año para culminarlo. A partir de la mitad de la legislatura, ya sabe usted que todo el mundo, incluido usted, comenzará a pensar en las próximas elecciones. Si no se da prisa no tendrá margen de maniobra para maquillar la situación antes de la vuelta a las urnas.

Con la población activa estable, en los 23,1 millones, el paro llegaría a los seis millones si la tasa de desempleo llegase al 26%. Las dos cosas son perfectamente posibles. Una destrucción de empleo adicional de 222.000 puestos es muy probable con el ritmo al que está cayendo ahora tanto el PIB como la ocupación, y con el ajuste en el sector público en sus primeros pasos. De hecho, en solo dos trimestres, el actual y el primero de 2013, se perdería esa cantidad de empleo si  el PIB mnantuviese las caídas actuales. En el tercer trimestre del año 2012, con una caída de solo el 0,3% intertrimestral del PIB la ocupación cayó en 96.900 personas.

Ahora el empleo cae a una tasa del 4,6% y de algo más del 5% si nos referimos únicamente a empleo asalariado, tal como la propia Seguridad Social reconoce. De mantenerse tal ritmo, en la primavera habría en España ya solo 17.000.000 de ocupados en términos de Encuesta de Población Activa. Tal cantidad, a población activa estable, supondría que el paro habría superado los seis millones de personas.

La barrera es puramente psicológica, o política, puesto que igual de complicada es la vida para el parado 5.999.999 que para el 6.000.001. El PP, que utilizó los cinco millones de parados en las elecciones autonómicas últimas contra el Gobierno de Zapatero, tendrá que soportar el estigma de los seis millones ahora, aunque sus políticas hayan recompuesto el esquema productivo del país. Aun no ha llegado la hora de recoger los frutos, y, de hecho, las reformas han acelerado, en parte, el ajuste.

La población activa, por tanto, tiene la palabra. En los últimos trimestres han salido miles de personas, españoles y extranjeros, principalmente desempleados, en busca de oportunidades laborales fuera de España. De su comportamiento en los próximos trimestres dependerá que el paro llegue a seis millones. Pero si no se llega por el descenso de la población activa, se deteriorará la tasa de desempleo más allá del 26%.

Veamos una práctica matemática. Con la población activa constante, los parados llegarán a los seis millones si se pierden 222.000 puestos de trabajo, y la tasa llegará al 26%. Pero si la poblacioón activa desciende en 200.000 personas en el próximo semestre, aunque se pierdan 220.000 empleos, la tasa de desempleo puede llegar al 26,2%, sin haber sobgrepasado los seis millones de parados. Por contra, puede el desempleo superar los seis millones, 6,1 por ejemplo, y estancarse la tasa simplemente porque la población activa se eleve notablemente, más allá de los 23,5 millones de personas.

Más allá de la Encuesta de Población Activa, que contabiliza ya el número de desempleados muy cerca de los seis millones, el comportamiento más atinado del empleo lo proporciona el registro de cotizantes a la Seguridad Social. En octubre el descenso de afiliados fue de 73.000, con una cifra ligeramente inferior medida en términos desestacionalizados. Pero en los últimos doce meses la pérdida de afiliados es de 623.586, nada menos que un 3,59%, una tasa creciente desde que tras el verano de 2011 la crisis intensificara sus efectos en España.

El perfil destructivo del empleo se ha intensificado desde entonces, aunque no se acerca a los dramáticos recortes interanuales de 2009, cuando superó el 6%. Pero un descenso del 3,59%, el punto más elevado de los últimos 30 meses, revela que estamos aún muy alejados de la recomposición del empleo, salvo que se produzca un cambio súbito en la tendencia, que no es nada habitual.

El ajuste se concentra, además, de forma más intensa entre los asalariados. El régimen general ha perdido 666.000 cotizantes en doce meses, un 5,09%, una tasa superior a la que la propia EPA revela para el conjunto del empleo en el país en los cuatro últimos trimestres. La construcción sigue siendo aún el sector más destructivo, con pérdidas superiores al 21% (casi 200.000 empleos menos). La industria manufacturera le sigue en intensidad, con una destrucción de empleo del 6,53% (más de 115.000 personas) y la administración pública, que ha acelerado la pérdida de ocupados en los últimos meses, y pierde ya casi un 7% en el año (73.780 personas menos).

En tasas superiores al 3% se mueven casi todas las actividades económicas. El comercio pierde un 3,47% en el año; un 3,1% las actividades financieras; un 1,53% la hostelería; y un 3,4% la información y comunicaciones.

Con las pérdidas de empleo del último año las finanzas de la Seguridad Social han entrado en pérdidas, con un déficit que podría acercarse al 1% del PIB según las últimas estimaciones para este año. De hecho, la relación de cotizantes y pensionistas ya está en 2, una de las tasas más bajas de la historia, muy similar a las registradas en los años de la crisis de los noventa. Ahora es 2,03 cotizantes por cada pensionista, siempre que se excluyan de entre los cotizantes aquellos que no son empleados, pero que cotizan como parados con prestación.

Esta situación aconseja acelerar las reformas de la Seguridad Social tendentes a recomponer la situación financiera. No hay fenómeno más disolvente para las expectativas de la gente que el temor a que no esté garantizada su jubilación.

A dia de hoy ni España ni Italia precisan de auxilio financiero de la Unión Europea, porque los niveles de los tipos de interés de los bonos se han colocado en tales niveles que convierten a sus Estados en financiables. De hecho, España ha cebado notablemente la hucha que tiene en el Banco de España con emisiones superiores a sus verdaderas necesidades de financiación en las últimas semanas. Pero que se financie el Estado no quiere decir que la situación sea la óptima como para generar crecimiento económico.

Con estos niveles de tipos de interés no se financian los bancos y no se financian las empresas, y desde luego no se financian las comunidades autónomas en los mercados, dependiendo exclusivamente del Estado. Rajoy lo sabe y lo sabe Monti. Pero uno por el otro ninguno da el paso de solicitar la ayuda, cuando en el exterior se cree, con pesimismo injustificado, que España podría caer (lo dice Obama).

Monti quiere que vaya España delante, por considerar que si el mecanismo creado por el BCE funciona, con la relajación de los tipos de España vendrá la relajación para Italia. Pero se engaña. Tal como está diseñada la Unión Monetaria y el alto grado de apostantes a que claudicará, provocará una desviación de la presión del mercado hacia los bonos italianos, que terminarían precisando de socorro, como los españoles. Esta tesis defienden los alemanes, y por ello quieren que el rescate se produzca de forma colectiva.

Eso mismo quiere Rajopy, que pretende que Italia y España soliciten el auxilio a la vez para evitar estigmas indeseados. Pero también se engaña. Nada evitará las condiciones adicionales que la Unión Europea imponga a España y lo que importan es el hecho del rescate y no su fórmula.

En todo caso, tanto Italia como España tienen que tomar una decisión. En el caso español, ya hemos comentado que los tipos actuales de los bonos a diez años convierten a la economía en infinanciable. Las empresas no tienen acceso al crédito y los particulares tampoco con estos precios, y los propios bancos tienen problemas para renovar sus vencimientos, aunque hay que admitir que en este caso puede tratarse de una espera hasta que se resuelvan los problemas de recapitalización de la banca española dañada.

Lo cierto es que España tiene ya lo malo del rescate, puesto que nadie cree que no tenga que pedir definitivamente auxilio, y solo está en cuestión el calendario y alguna condicionalidad adicional a las ya existentes, y le falta lo bueno, si es que tiene algo: el dinero, el chorro de defensa que ponga la deuda en niveles soportables.

Los ingresos fiscales registrados de media por las países de la Unión Europea se han movido siempre en una horquilla que oscilaba entre el 45% del PIB y el 47% del PIB; eso es al menos lo que ha ocurrido en los últimos quince años. Únicamente con la aguda crisis económica de 2009 y 2010 descendieron, pero muy ligerísimamente, por debajo de ese umbral. Este mismo año los ingresos fiscales medidos como participación del PIB superarán ya el 46%.

Pero España es aquí también muy diferente. Siempre ha existido una brecha muy importante en presión fiscal efectiva (la realmente soportada y no la marcada por las normas tributarias) con la Unión Europea. Así en 2007, el mejor año de cuantos se recuerdan en España en términos de recaudación, solo aportaron los españoles a las arcas de su Estado (todas las administraciones) un 41,1% del PIB, nada menos que cuatro puntos largos de desfase, nada menos que 40.000 millones de euros, nada menos que la mitad del déficit del año pasado.

De hecho, en algunos impuestos los ingresos relativos de España son los más bajos de la Union Europea pese a tener tipos impositivos iguales o superiores. Es el caso del IVA, por el que España ingresa menos que Grecia, por ejemplo, que pasa por ser el país en el que el aparataje del Estado es el más endeble de Europa y la sensibilidad fiscal de sus habiltantes la más devaluada.

En la Administración española culpan de este desajuste en los ingresos (cayeron del 41,1% del PIB en 2007 al 35,1% en 2009 y en tal umbral se mantuvieron en 2011) al acusado déficit corriente en las etapas de bonanza, con un gran recurso a la importación de bienes y servicios, y al endeudamiento de los agentes económicos ahora, una circunstancia que desencadena el fraude como mecanismo de defensa de la situación económica particular.

En concreto la Administracioón estima que las fuertes caídas de la recaudación por IVA y Sociedades se debe al efecto del endeudamiento elevado, que empuja a las empresas a refugiarse en el fraude para defender sus márgenes de negocio. Primero paga la deuda puesto que atender a las exigencias bancarias es prioritario, después a sus trabajadores, después a sus proveedores, y, por último, si quedan recursos, a Hacienda. De tal forma lo creen que estiman que España no recuperará los niveles de ingresos fiscales que tenía antes de la crisis hasta que no se resuelva al alto endeudamiento que tienen las empresas fundamentalmente, y en segundo lugar los particulares.

Es cierto que el desplome tributario ha estado también magnificado por el derrumbre del negocio inmobiliario, que daba de comer a todas y cada una de las insaciables bocas de la Hacienda Nacional: Estado, comunidades y ayuntamientos. El IVA es el mejor ejemplo de derrumbe de los ingreses por el hecho de que en los últimos años apenas se venden casas nuevas.

Si el sistema tributario español funcionase sin fraude, y los tipos fuesen homogéneos a los de los socios, podría ingresarse tanto porcentaje sobre PIB como la Unión, ese 46%. Con tales ingresos, que no es ni más ni menos que casi diez puntos más, casi 100.000 millones de euros más, España estaría en superávit fiscal, y habría detenido ya el crecimiento infernal de su deuda pública, y la financiación sería baratita y la economía crecería.

Eso sí, si los agentes privados aportasen diez puntos más de PIB, serían 100.000 millones de renta disponible menos para consumo e inversión de hogares y empresas, y seguramente también se resentiría el crecimiento económico. Lo que si parece incontestable es que en los buenos tiempos, en los mejores tiempos, España ingresa cuatro puntos largos menos que Europa, y debe corregirse, porque ahí está el quid de la cuestión. Severidad inspectora y conciencia fiscal. A cada cual lo que sea de cada cual, y a componer el margen de los negocios con los precios y los costes y no con los impuestos. Si todos pagan, pagaremos menos.

Hacer lectura nacional de una elección regional es complicado. Ya se hizo en Andalucía, y sólo unos meses después los resultados desmienten las aseveraciones de entonces. En Andalucía ganó el PP, pero el PSOE logró retener el gobierno con el apoyo de Izquierda Unida, aunque quien realmente ganó aquellos comicios fueron la UGT y Comisiones Obreras, que clavaron una huelga general unos días antes de las urnas y salvaron buena parte de su manutención.

Es verdad que en Galicia se enfrentaban como las dos primeras fuerzas políticas el PP y el PSOE, y que de tal circunatancia se puede hacer categoría nacional, y puede concluirse que el electorado valora las políticas de rigor fiscal de Rajoy para recuperar la actividad económica, y que, por ello, estos resultados son un aval solo un año después de ganar con mayoría absoluta las elecciones generales. Así debe entenderlo también el PSOE, que sufre un desplome descomunal en esta región, en la que apenas conserva uno de cada dos votos logrados hace cuatro años.

Pero la lectura que Rubalcaba debe hacer de las elecciones gallegas no debe ser superficial, y debe servir para recomponer el tiro de su proyecto si no quiere que sea definitivamente enterrado por la gente en 2015, cuando vuelvan los comicios nacionales. En Galicia el PSOE es un reflejo de lo que es en España y en una gran cantidad de comunidades autónomas: está dividido, carece de proyecto unitario, y viaja continuamente de las posiciones socialistas a las nacionalistas, a conveniencia.

Tanto en Galicia como en País Vasco (aquí tiene una excplicación más lógica) los socialistas han descendido a los niveles tan pobres que registran desde hace años en Madrid, donde el cambio continuo de candidato y el nivel de su oferta les ha ido restando apoyo como si sufrieran el desgaste de una gestión que no tienen desde hace 20 años. A nivel nacional estas cotas de respaldo popular suponen quedarse en el 20% de sufragios, mientras que otras formaciones de izquierda (Izquierda Unida en este caso) se acercan peligrosamente a tales niveles. Así las cosas, no está escrito que el PSOE pueda seguir siendo la fuerza hegemónica o simplemente mayoritaria de la izquierda: tendrá que pelearlo.

La crisis y las políticas para corregirla han radicalizado a la población, como en otrros países europeos, y se resiste a las soluciones vagas, cambiantes del PSOE, que arrastra el estigma de haber quebrado al Estado con las políticas irresponsables del Gobierno de Zapatero (y van dos veces tras la de los noventa). El PSOE se mueve entre el centro izquierda desde el que gobernó tradicionalmente y las posiciopnes radicales de recuerdo del zapaterismo, identificadas en Carme Chacón, muy extendidas en muchas regiones (estuvo a punto de ganar el congreso de principios de año).

Seguramente el electorado del PSOE está fraccionado entre la moderación que supuestamente representa Rubalcaba y las posiciones de Chacón, que se diluyen entre el voto a Izquierda Unida y la abstención. Lo cierto es que para el bien de este país sería bueno disponer de una oposición más fuerte en manos del PSOE, menos radical de la que puede representar Izquierda Unida. Pero para ello debe encontrar un PSOE unido  y con mensaje claro. Las elecciones catalanas supondrán un nuevo varapalo para el Partido Socialista por su anbigüedad ante el paso al frente independentista de CiU y la división no disimulada de sus líderes.

Una vez que pasen tales elecciones debería hacer una reflexión muy seria en la que Rubalcaba, hasta ahora semiescondido, debe ponerse al frente del proyecto y definirlo con claridad, para que sus votantes de siempre sepan a qué atenerse y los nuevos decidan si pueden respaldarse desde la izquierda o definitivamente le desplazan como la fuerza mayoritaria de la izquerda.

El presidente del Gobierno ha dado muestras en sus ocho meses en Moncloa tener claras unas cuantas cosas y actuar más por convicción que por obligación, sobre todo en los cuatro primeros meses, antes de que la pesadilla de Bankia irrumpiese en sus sueños. Reformaba las estructuras productivas del país porque estima que sin tales combios es muy complicado recuperar la economía del país. Pues ese criterio sigue siendo el más válido.

Hay que situar las estructurtas productivas del país y todos sus componentes en las mejores condiciones para volver al crecimiento y al empleo, y es la hora en la que los medios están casi todos justificados. No hay que tener temor a la ayuda financiera de los socios. El mercado solo ha dicho que le cuesta financiar a España aisladamente, y si se solicita una línea de crédito, dirá lo que tenga que decir. Pero la obligación del Gobierno es llevar los tipos de interés de los bonos a diez años a valores realmente financiables, y los actuales, pese a su relajación, no lo son. No es financiable ni el Estado ni la economía con el bono en el 5,7%. No lo es.

El mercado ha limpiado una parte importante del componente especulativo que tenía cuando estaba dejado de la mano de Dios (el BCE), esos 200 puntos básicos que el propio Fondo Monetario Internacional adjudicaba a razones no fundamentales. Pero ni el 5,7% ni la prima de riesgo de 400 puntos básicos es una garantía de financiación, ni siquiera para el Estado. Por tanto, tiene que bajar más, y parece ser que solo bajará cuando el BCE y el fondo de rescate compre deuda de forma notable en los mercados primario y secundario.

El supesto estigma de pedir el rescate es una pantalla política que agita la oposición porque necesita un argumentario al que agarrase y sacudir el propio estigma que ya arrastra de haber quebrado al Estado y de haber dejado pasar toda una legislatura sin haber tomado decisiones para reconocer cómo estaba el país y qué había que hacer para recuperarlo. 

Pero independientemente de estigmas, si los hubiere y fuesen electorales, los españoles no tenemos la culpa y no tenemos que pagar con más esperas una solución por conveniencia política de este o aquél Gobierno. Por tanto, señor Rajoy, haga lo que tiene que hacer, pida la ayuda y ponga la financiación de la economía en algo razonable. Ya sabe que tipos cercanos al 6% para el Estado supone tipos superiores al 7% para las grandes empresas, y anemia de liquidez para la banca, con lo que la financiación para las pymes y paticulares será muy escasa y muy cara.

El tipo del bono no puede sobrepasar el 4% para ser financiable el Estado, las comunidades autónomas, la banca y las empresas, las grandes y las pequeñas. Y para llegar a esa queda un trecho, y para que sea estable, más. Por tanto, sin más cálculos políticos, el Gobierno debe arreglar esta situación cuanto antes. Los sacrificios seguirán pero deben empezar a ser compensados con nuevos proyectos de inversión que solo se pondrán en marcha si se recupera la confianza y la financiación.

Como no puede ser de otra forma, tanto los votantes del Partido Popular como los del Partido Socialista están ya convencidos de que el tinglado político autonómico no resistirá la crisis y debe ser reformado. Lo creen el 88% de los votantes del PP y lo creen el 82% de los votantes del PSOE. Lo que hace falta es que los dirigentes de los partidos a los que le votan también lo crean y estén dispuestos a abrir en canal la legislación para hacer la estructura administrativa de España sostenible política, social y financieramente. Hoy no lo es.

No vale de nada argumentar que no lo es porque estamos pasando por la mayor de las crisis financieras que se recuerda. No es viable ni siquiera España dentro del euro si no se pone las pilas, como para serlo las comunidades autónomas, pequeños estados dentro del Estado, pequeñas naciones dentro de la nación española intregrada en la Unión Europea. España lo pasará mal para salvarse, y dependerá de Europa. Pero las comunidades dependen de España y su Tesoro para sobrevivir como se ha demostrado ya. "No tenemos a día de hoy otro banco que el Gobierno de España".

Pero bien podría darse el caso de que para salvar a España haya que sacrificar las comunidades autónomas, al menos tal como hoy están concebidas. Además de un rum rum político que corre ya por las plazas europeas que toman las decisiones, cala la idea en España de que hay que revisar profundamente el estado autonómico. Lo dice la opinión pública, y Gobierno y oposición tienen que asumirlo, así como los partidos nacionalistas, que no pueden ser ajenos a la integración supranacional, continental, a la que España se somete desde que decide entrar en el euro.

Hay varias opciones, pero ninguna resolverá el problema si pretende limitarse a retoques en el modelo financiero. Se precisan cambios políticos de calado y deben ser tomados con la debida prudencia, puesto que pueden provocar terremotos políticos de incalculables efectos en un país tan complicado como España.

Puede caminarse hacia un estado plenamente federal, tal como pretende Cataluña, que supondría replicar para todas las regiones una relación con el Estado como la que ya tienen el País Vasco o Navarra. Así, cada cual sería responsable de los ingresos ante sus ciudadanbos y de sus gastos, y haría una pequeña aportación para el mantenimiento de los servicios comunes del Estado, que se limitarían a la Defensa, la justicia y la política exterior. Qué bonito parece. Tiene una enorme dificultad, cual es renunciar a la nivelación de renta y riqueza para sienmpre, lo que generaría más desigualdades entre los españoles. 

Puede caminarse hacia una reestatalización o recentralización de competencias, sobre todo aquellas que desequilibran los presupuestos autonómicos, como la sanidad o la enseñanza, y garantizar el mismo nivel de prestaciones en la primera a nivel nacional, y una enseñanza igual para todos los terriotorios. Tal como hoy está el servicio sanitario hay comunidades que no pueden cubrir el catálogo de prestaciones comunes que debe fijar el Gobierno. Y siempre existe la tentación de ser más papistas que el propio Papa, y estirar el gasto en una carrera de servicios de difícil financiación.

Esta opción sería un problema jurídico y político, teniendo en cuenta el ánimo centrífugo de los nacionalismos, y el hecho consumado del modelo deferal ya en Navarra y País Vasco.

Puede caminarse hacia un modelo autonómco a varias velocidades en el que no sea un menú a la carta la base de su construcción, sino un mecanismo ajustado a las posibilidades de cada cual y que pueda corregir las diferencias entre regiones, siempre exigiendo a las que reciben que se esfuerzen más. No es fácil, pero es lo que ya se intentó en la Constitucioón, pero que saltó por los aires porque todos querían, y todos lograron, lo que logró el que más consigiuió.

Algo hay que hacer, porque, de lo contrario, el estado autonómico es inviable, y está en manos del Tesoro, que aunque sea con auxilio europeo, puede emitir para todos. Eso sí, reduciendo todos los niveles de gasto actual, y los niveles de solapamiento administrativo. Simplemente, no lo podemos financiar.

Si está en riesgo el proyecto monetario europeo, y con él el proyecto político y económico de concentración europea, el BCE debe ser el primer activista en su defensa, porque las apuestas desde fuera contra la Unión Monetaria no cesan. Estuvo bien que el señor Draghi fuese a Londres, nido de antieuropeistas, a recordarles que acabaría con sus ánimos especulativos cuando quisiese y que no les saldría gratis la aventura. 

Y en ese contexto se enmarca el mensaje del presidente del BCE, según el cual, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Matizó, yendo más allá de su tradicional círculo verbal cerrado, que combatirá las primas de riesgo exageradas por considerar que están impidiendo la correcta transmisión de la política monetaria. Un buen eufemismo para admitir que no queda otro remedio que intervenir para que los países del sur no vean los mercados cerrados y tengan que ser rescatados por el norte. Ahora se trata de España e Italia y seguramente el coste sería superior al beneficio en el caso de un hipotético rescate.

Pero algo es algo, y bien está que Europa expanda la labor de su banco central para defender algo que trasciende a los problemas económicos, puesto que sin euro el futuro de convivencia en Europa estaría otra vez en cuestión. No nos olvidemos que la historia no se repite exactamente, pero los acontecimientos se parecen bastante a los del pasado.

Pero la labor del BCE no eliminará los problemas de España. Aliviará el coste de la financiación, pero no impedirá que España ponga sus variables financieras en orden si no quiere ser engullida por el vendaval de la deuda y sacada del mapa europeo. Super Mariano no será salvado por Super Mario; solo aliviará un poco la situación para que el presidente español tenga algo de margen de maniobra. 

Debe reducir el déficit de manera significativa y estabilizar la deuda en un par de años o tres para recuperar la credibilidad que teníamos cuando crecíamos al 4%, porque, en caso contrario, nadie financiará ni nuestras deudas actuales ni nuestro crecimiento futuro. No es fácil. Felipe González recuerda desde México que todo el mundo sabe que España no reducirá el déficit. Yo creo que todo el mundo sabe que él fue incapaz de hacerlo en los noventa aunque había cierto crecimiento entre 1994 y 1996, pero que no queda otro remedio.

Algunas pistas hay ya. La EPA revela que en los últimos doce meses el empleo público, que no había dejado de cercer durante la crisis como si no pasase nada, ha descendido por vez primera, y lo ha hecho a tasas superiores al sector privado. Algo es algo; esos sueldos ya no hay que financiarlos, como no habrá que financiar la reducción de gastos estructurales que el Gobierno ha aplicado y aplicará en los dos próximos años. Es cierto que si la actividad económica no se estabiliza y ayuda bastante, lograr reducir el déficit hasta el 2,8% en 2014 no será fácil. Pero no queda otro remedio.

Mientras Super Mario sujeta la prima, controlando a los lobos de la especulación, Super Mariano tiene que enviar señales reales de control del gasto y reducción del déficit, así como movilizar los mercados de formación de bienes, servicios y factores para estirar el crecimiento potencial. Si no ocurre tal cosa, no hay salida.

Si está en riesgo el proyecto monetario europeo, y con él el proyecto político y económico de concentración europea, el BCE debe ser el primer activista en su defensa, porque las apuestas desde fuera contra la Unión Monetaria no cesan. Estuvo bien que el señor Draghi fuese a Londres, nido de antieuropeistas, a recordarles que acabaría con sus ánimos especulativos cuando quisiese y que no les saldría gratis la aventura. 

Y en ese contexto se enmarca el mensaje del presidente del BCE, según el cual, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Matizó, yendo más allá de su tradicional círculo verbal cerrado, que combatirá las primas de riesgo exageradas por considerar que están impidiendo la correcta transmisión de la política monetaria. Un buen eufemismo para admitir que no queda otro remedio que intervenir para que los países del sur no vean los mercados cerrados y tengan que ser rescatados por el norte. Ahora se trata de España e Italia y seguramente el coste sería superior al beneficio en el caso de un hipotético rescate.

Pero algo es algo, y bien está que Europa expanda la labor de su banco central para defender algo que trasciende a los problemas económicos, puesto que sin euro el futuro de convivencia en Europa estaría otra vez en cuestión. No nos olvidemos que la historia no se repite exactamente, pero los acontecimientos se parecen bastante a los del pasado.

Pero la labor del BCE no eliminará los problemas de España. Aliviará el coste de la financiación, pero no impedirá que España ponga sus variables financieras en orden si no quiere ser engullida por el vendaval de la deuda y sacada del mapa europeo. Super Mariano no será salvado por Super Mario; solo aliviará un poco la situación para que el presidente español tenga algo de margen de maniobra. 

Debe reducir el déficit de manera significativa y estabilizar la deuda en un par de años o tres para recuperar la credibilidad que teníamos cuando crecíamos al 4%, porque, en caso contrario, nadie financiará ni nuestras deudas actuales ni nuestro crecimiento futuro. No es fácil. Felipe González recuerda desde México que todo el mundo sabe que España no reducirá el déficit. Yo creo que todo el mundo sabe que él fue incapaz de hacerlo en los noventa aunque había cierto crecimiento entre 1994 y 1996, pero que no queda otro remedio.

Algunas pistas hay ya. La EPA revela que en los últimos doce meses el empleo público, que no había dejado de cercer durante la crisis como si no pasase nada, ha descendido por vez primera, y lo ha hecho a tasas superiores al sector privado. Algo es algo; esos sueldos ya no hay que financiarlos, como no habrá que financiar la reducción de gastos estructurales que el Gobierno ha aplicado y aplicará en los dos próximos años. Es cierto que si la actividad económica no se estabiliza y ayuda bastante, lograr reducir el déficit hasta el 2,8% en 2014 no será fácil. Pero no queda otro remedio.

Mientras Super Mario sujeta la prima, controlando a los lobos de la especulación, Super Mariano tiene que enviar señales reales de control del gasto y reducción del déficit, así como movilizar los mercados de formación de bienes, servicios y factores para estirar el crecimiento potencial. Si no ocurre tal cosa, no hay salida.